La juez que investiga los ERE fraudulentos ha imputado en la causa a Carmelo Cruz, «intruso» en el expediente de la empresa Dhul, que es el tercer cuñado del exsindicalista Juan Lanzas implicado en la causa y que está acusado de percibir 183.000 euros junto con su esposa sin tener derecho a ello.
En un auto del pasado 31 de julio, notificado ahora, la juez Mercedes Alaya recoge que Carmelo Cruz Porcel fue incluido en la póliza de Dhul junto a su esposa María Ángeles Sierra, cuñada de Lanzas, con lo que se unen a otros familiares ya imputados como el propio mediador y su esposa, Patrocinio Sierra, incluidos en la póliza de Hytemasa.
Además, su cuñado Ismael Sierra fue encarcelado en marzo pasado y quedó libre tras pagar 50.000 euros de fianza, como titular de las empresas presuntamente utilizadas para blanquear el dinero de las sobrecomisiones que cobraban a la Junta.
En su nuevo auto, la juez ha imputado a otras 23 personas, entre ellos Pablo y Javier Ruiz Mateos, hijos del empresario José María Ruiz Mateos y negociadores junto con Lanzas del ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga).
En cambio, rechaza la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imputar a Francisco Jardón, presidente de la patronal de limpieza Aselip, y a directivos de FCC Medio Ambiente porque la ayuda que negoció el ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero para poner fin a la huelga de limpieza pública en Granada «se vio refrendado en el convenio colectivo estatutario para la provincia de Granada de 2006, donde efectivamente se recogen las subidas lineales salariales comprometidas».
El auto, al que ha tenido acceso Efe, recoge el caso del Matadero de Fuente Obejuna de Córdoba, en el que Lanzas pidió ayuda a un conocido, Juan José Viedma, cuya hija era administradora de la empresa Técnicas Agrícolas Ecológicas Integrales, para que diera de alta en dicha empresa a todos los trabajadores de la referida póliza.
«De esta forma, Lanzas montó a todos los trabajadores en un autobús y trasladados a la mencionada empresa, ésta les haría contratos falsos en los que estuvieron de alta entre 10 y 21 días», dice Alaya, y añade que «como agradecimiento, la citada administradora y la compañera de su padre fueron incluidas como intrusas y percibieron 117.000 y 111.000 euros».
En este ERE existía un tercer intruso, Mariano Martínez Fernández, antiguo trabajador de Hijos de Andrés Molina y «posible conocido de Lanzas, quien cobró 120.000 euros», dice la juez, quien en autos anteriores ya acusó al exsindicalista de UGT de incluir a 24 personas que nunca habían trabajado en las empresas en las pólizas que negoció.
Una cuarta intrusa sería la esposa del presidente de la asociación de trabajadores del Matadero de Fuente Obejuna, Florencia Romero, que percibió 158.000 euros.
La juez imputa también a Damián Jiménez, miembro de CCOO, que formó parte de la junta directiva de la asociación de Hijos de Andrés Molina y que «junto a Lanzas influiría decisivamente en que su esposa, Fernanda García Vilches, fuera incluida como intrusa en la póliza de Dhul».
Además es imputada Cristina Luis Castillo, gerente de Muebles Promi de Córdoba, «que por su amistad con Francisco Javier Guerrero facilitó que su padre Rafael Luis García fuera beneficiario de una póliza de rentas sin tener derecho a ello».
Juan Lanzas está encarcelado desde marzo pasado por la nueva vía de investigación sobre las presuntas comisiones excesivas que cobraban en los ERE, aunque a finales de julio la juez rebajó su fianza de 450.000 a 300.000 euros.
Con estas 23 nuevas imputaciones, el caso de los ERE acumula 116 imputados, de los que 73 aún no han declarado ante la juez. EFE.