Antes de irse de vacaciones señala a otros 23 implicados, entre ellos dos hijos de Ruiz Mateos. Citará a declarar a personas relacionadas con las ayudas al matadero de Fuente Obejuna
El último día antes de marcharse de vacaciones, la jueza que investiga los ERE fraudulentos de la Junta, Mercedes Alaya, ha imputado en la causa a otras 23 personas, entre ellas dos hijos del empresario José María Ruiz Mateos. En total son ya 116 los imputados en el mayor escándalo de corrupción de Andalucía, que supera ya el número de personas implicadas que hubo en el caso Malaya (de fraude masivo en torno al Ayuntamiento de Marbella). Entre los imputados hay una treintena de altos cargos o ex altos cargos del Gobierno andaluz, incluida la exministra de Fomento y exconsejera de Economía, Magdalena Alvarez; el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, que ha pasado por prisión acusado de varios delitos, entre ellos malversación, prevaricación y cohecho; y el actual viceconsejero de la Presidencia, Antonio Lozano, que ha dejado su puesto como secretario de actas del Consejo de Gobierno hasta que se resuelva el asunto.
En la lista también aparecen sindicalistas, empresarios de la Sierra Norte vinculados al PSOE, abogados, consultores, intrusos que se beneficiaron del ERE en una empresa para la que nunca trabajaron y miembros de aseguradoras, acusados de cobrar sobrecomisiones millonarias por gestionar dichos ERE.
Fuentes judiciales informaron ayer a Efe de que, en un auto del pasado 31 de julio, la jueza Alaya ha decidido imputar a intrusos y empresarios citados en seis informes de seguimiento de la Guardia Civil sobre las ayudas sociolaborales que otorga la Junta. Entre los últimos 23 imputados se encuentran Javier y Pablo Ruiz Mateos por las ayudas al Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), propiedad de ese grupo empresarial familiar.
Además han sido imputadas personas relacionadas con ayudas al Matadero de Fuente Obejuna (Córdoba) y las empresas sevillanas SOS Cuétara, Saldauto e Intersur, citados en un informe de la Guardia Civil entregado al juzgado en diciembre de 2012, según adelantó ayer Diario de Sevilla.
El resto de la última lista de imputados son personas vinculadas al ERE de la empresa Cespa y beneficiarios de las ayudas a Hijos de Andrés Molina (Hamsa) de Jaén, Hitemasa de Málaga, la granadina Dhul, Sociedad Anónima Manufactura Española del Corcho (Samec) y Cenforpre, esta última vinculada al exfutbolista del Athletic y del Osasuna, Pizo Gómez, ya imputado en la causa.
La familia Ruiz Mateos ha sido citada en varios informes de la Guardia Civil desde el año 2012, ya que el sindicalista Juan Lanzas –encarcelado desde marzo pasado– intervino en los ERE de cinco empresas del grupo Rumasa en Andalucía. En junio de 2012, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aseguró que Lanzas cobraba 600.000 euros por cada expediente y pedía recibir sus emolumentos en «dinero B, en sobres semanales de 20.000 o 25.000 euros, siempre en billetes de 500 euros».
LA MEDIACION DE LANZAS Según declaró a la UCO el exabogado de la familia Ruiz Mateos Joaquín Yvancos, Lanzas intervino en los ERE de cinco empresas del grupo en Andalucía –Hotel Cervantes, dos en Garvey, Zoilo Ruiz Mateos y Dhul de Granada– por los que le debían tres millones de euros, de los que cobró la mitad.
Los sobres los recogía personalmente Lanzas o su compañera, según el abogado, quien aseguró a la Guardia Civil que, junto a estos pagos, Lanzas «pasaba desde cinco o seis años sus vacaciones de agosto en el Hotel Cervantes» de Torremolinos (Málaga) «de forma gratuita».
Según el abogado, fue el propio Ruiz Mateos quien presentó a Lanzas como «conseguidor» al dueño de Aglomerados Morell y a la propietaria del restaurante Río Grande de Sevilla, que están imputados en la causa que instruye la jueza Mercedes Alaya por los «intrusos aparecidos» en los ERE de sus empresas
Redacción.
