El presidente y el tesorero de la asociación de extrabajadores de Matadero de Fuente Obejuna (Córdoba) han recurrido la fianza de responsabilidad civil de 847.501,35 euros que les impuso la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares y han denunciado que alguien falsificó sus firmas en los documentos entregados para ser beneficiarios de las ayudas, por lo que incluso piden a la juez Mercedes Alaya la práctica de una pericial caligráfica.
En su recurso, consultado por Europa Press, el presidente de esta asociación, Manuel Granado, señala que la fianza civil impuesta es «desproporcionada e innecesaria a tenor de su verdadera intervención en las actuaciones que se instruyen», a lo que hay que sumar que «la conducta que se le achaca en todo momento carece de dolo», ya que algunos de los documentos aportados «no estaban firmados por él mismo y en otros se falsificó su firma».
El imputado niega «categóricamente» que conociera la inclusión de ‘intrusos’ y subraya que «se limitó a firmar los documentos que ya venían con el sello plasmado» de la asociación de extrabajadores, documentos que «ni redactaba ni leía».
«Simplemente, su conducta se ceñía a que se le proporcionaban las pólizas y los certificados individuales de suscripción de las mismas, para seguidamente y en un mismo acto», firmar «de forma cuasi automática y/o mecánica» todos estos documentos, que se encontraban «en un montón de papeles apilados», todo ello «sin saber realmente lo que se estaba haciendo, tanto por su parte como por parte del resto de afectados», añade.
Es decir, por parte del imputado «no se incluyó a nadie en las solicitudes de ayudas en cuestión, sino que tales documentos ya venían redactados, completados con nombres, apellidos y cantidades, indicándosele dónde debía firmar, lo cual hacía de forma automática y en poco espacio de tiempo».
FUE ELEGIDO PRESIDENTE «DE FORMA ALEATORIA»
En su recurso, Granado dice que todas las actuaciones que llevó a cabo las desarrolló «de forma totalmente altruista al ser uno de los afectados por la precaria situación laboral en que se encontraba», por lo que «jamás ha actuado para obtener un beneficio propio que estuviera fuera de los derechos que realmente le correspondían».
A ello se suma que «fue elegido de forma aleatoria para desempeñar el cargo de presidente de la asociación de extrabajadores», pues se celebró un sorteo entre todos los afectados por el ERE, y que «nunca firmó con conocimiento de causa un documento que estuviera incluyendo a una persona ‘intrusa’ dentro del ERE», ya que «se limitaba a firmar la documentación que se le proporcionaba».
De su lado, el tesorero de la asociación, Domingo Valle, defiende en su recurso que únicamente firmó la póliza principal, por lo que «falsificaron» su firma en la ampliación de dicha póliza, un hecho «tan obvio y fácil de acreditar que basta con comparar a simple vista el tipo de firma y de letra y el tamaño de la misma».
«VÍCTIMA» DE UN «ENTRAMADO CORRUPTIVO»
«Llama poderosamente la atención cómo, a pesar de haber citado tan relevante dato, finalmente se haya continuado achacándole su autoría y/o colaboración necesaria en unos delitos que para nada le son imputables», argumenta Valle, quien critica que durante la instrucción del caso «no se ha llevado a cabo diligencia alguna encaminada a acreditar el extremo citado en cuanto a la veracidad de las firmas citadas», lo que «hubiera sido solventado mediante la correspondiente pericial caligráfica».
Este imputado coincide con el anterior al señalar que su inclusión como tesorero «fue fruto del mero azar, ya que jamás pretendió ocupar cargo alguno y fue elegido por sorteo entre todos los afectados del cierre de la empresa».
Por ello, dice que en todo caso «ha sido una víctima del entramado corruptivo que se instruye en las presentes diligencias».
Infoguadiato.
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