Unos 69.200 niños de Infantil, Primaria y Educación Especial volvieron ayer a las aulas de la provincia de Córdoba protagonizando el inicio de un nuevo curso marcado por viejos problemas. Menos mal que uno de ellos, la falta de climatización que arrastran la mayoría de los centros públicos desde hace al menos dos años, cuando se produjo la ola de calor que removió a las ampas, no pudo ser objeto de polémica porque las temperaturas fueron moderadas y además los niños tuvieron solo dos o tres horas de clase en ese horario de consolación tras las vacaciones que concede la Junta.
Como es habitual, la delegada de Educación de Córdoba, Inmaculada Troncoso, ofreció ayer una rueda de prensa en la que volvió a reiterar los datos hechos públicos a finales de la semana pasada, que vienen a dar difusión a las mejoras introducidas, según la Junta, en todos los ámbitos; desde el presupuestario, con 203 millones más; al de apoyo a las familias, por el incremento de centros con comedor, aula matinal, transporte público y actividades extraescolares; el docente, por la mejora en la estabilidad laboral que han supuesto la última convocatoria de oposiciones y el aumento del número de docentes «hasta 12.288 en la provincia», o la ampliación de la oferta formativa en FP, en centros bilingües y en cheques libro. El resumen de la delegada al inicio de curso fue de lo más positivo: «Empezamos con más recursos, más docentes y como consecuencia, con expectativas de más éxito educativo para nuestros escolares». Nada dijo hasta el turno de preguntas sobre el cierre de aulas denunciado a estas alturas por varios colegios de distintos municipios, la supuesta bajada de ratio anunciada a bombo y platillo por el consejero de Educación, Javier Imbroda, que no gustó a la concertada y tampoco a la pública, aunque por motivos distintos, ni pudo avanzar cómo se llevarán a cabo las obras de infraestructuras en los centros. Según explicó, «las actuaciones en infraestructuras se están supervisando por la Agencia Pública Andaluza de Educación, «que prevé desarrollar un plan con criterios técnicos y de pura necesidad». En este sentido, especificó que «las necesidades no atendidas desde el 2016 eran 109 (no dijo cuáles) y requerían una inversión de 20 millones y en este curso se destinarán un total de diz millones en actuaciones programadas priorizando las necesidades de escolarización y las urgencias técnicas ya detectadas».
Ante el cierre de más de 50 aulas en la provincia, todas ellas en centros públicos, ninguna en la concertada, y la situación de ratio elevada que conllevan esos cierres en muchos centros escolares, la respuesta de la delegada de Educación ha sido que «el cierre de unidades se debe a que hay menos nacimientos, porque no hay voluntad de disminuir unidades». Asimismo, indicó Troncoso que si bien «comprende «la preocupación de las zonas rurales por el cierre de aulas, todos sabemos que hay muchos menos nacimientos y que esto obligará, queramos o no, a que desaparezcan unidades por sí solas», ante lo que sugirió que la sociedad se pregunte no por el cierre de aulas sino por los motivos del descenso demográfico. Este argumento no parece convencer a los afectados de toda Andalucía. De ahí que ayer una veintena de organizaciones como Codapa, Ustea, Apdha o CGT firmaran un documento asegurando que «el descenso demográfico de la población andaluza no explica por sí solo el cierre de unidades en centros públicos que se produce desde hace años» y critican que «las ratios de 25 alumnos se superan de forma ilegal en infinidad de unidades».
Ni el descenso de natalidad, ni el cierre de aulas continuado en la educación pública, ni la falta de climatización son cuestiones nuevas. Lo que sí es novedoso es que la plataforma AMPA Escuelas de Calor reclame una ley de bioclimatización para las aulas en Andalucía y la existencia de un nuevo gobierno autonómico al frente de la Educación, que hereda viejos problemas a los que no parece estar dando respuestas nuevas. A eso se suma el malestar de cientos de maestros interinos que se han quedado sin trabajo pese a los años de servicio acumulados y que están compaginando sus movilizaciones para exigir a la Junta que no se cierren unidades con la difusión masiva de cualquier efecto nocivo de esos cierres en los centros.
Según la delegada de Educación, en este momento solo cabe esperar el dictamen de la Dirección General de Educación porque «hay varios centros» reclamando que no se aplique el cierre de unidades previsto, entre ellos, el Joaquín Tena Artigas de Alcolea, el Francisco García Amo de Nueva Carteya y el Federico García Lorca de Fuente Palmera. También se han cerrado unicdades en Almodóvar, Baena, Belalcázar, Bujalance, Cabra, Cardeña, Alcolea, Santa Cruz, Villarrubia, Encinas Reales, Espejo, Fernán Núñez, Fuente Obejuna, Fuente Palmera, Hinojosa, Lucena, Hornachuelo, La Rambla o Córdoba capital, entre otros municipios. En total, la Junta cerró casi tres aulas por cada una de nueva creación, ya que este curso se han registrado la supresión de más de 80 líneas mientras se han creado 30 nuevas.
Otro viejo problema que vuelve a resurgir al inicio de este curso es el de la movilidad en el Centro, tras retomar el Ayuntamiento la circulación de los autobuses escolares por la calle Claudio Marcelo. Además de los problemas generados entre algunos padres que accedieron al Centro para depositar a sus hijos sin la correspondiente tarjeta Acire, se produjeron atascos en torno a las 14 horas, al concentrarse en esta vía estrecha los autobuses de Aucorsa, los de City Sightseen, los vehículos particulares y el transporte escolar. Horas antes, IU y el consejo de distrito Centro auguraban ya que los autobuses escolares sembrarían «el caos circulatorio». Los dos colectivos consideran que la decisión del Ayuntamiento de permitir la entrada hasta las Tendillas de los autocares de transporte escolar y de colocar una nueva parada para ellos en la calle Claudio Marcelo es «un paso atrás» en los avances para la movilidad sostenible.
Araceli R. Arjona.
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