EL AYUNTAMIENTO DE FUENTE OBEJUNA quiere poner en conocimiento de los vecinas del municipio, que el Gobierno de Mariano Rajoy, en contra de la voluntad de la Alcaldesa de Fuente Obejuna y su Equipo de Gobierno, ha iniciado DE OFICIO, un procedimiento de regulación catastral destinado a incorporar al Catastro los bienes inmuebles urbanos y rústicos con construcción, así como de las alteraciones de sus características, en supuestos de incumplimiento de la obligación de declarar de forma completa y correcta las circunstancias de un alta o modificación catastral.
Este procedimiento lo incorporó el Gobierno del Partido Popular en el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario a través de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. Un procedimiento que lo viene desarrollando desde el año 2013 en todo el territorio nacional, excepto el País Vasco y Navarra.
El Equipo de Gobierno Socialista siempre se ha opuesto a esta medida extraordinaria de regularización que, como siempre afecta a los más débiles y desfavorecidos por la crisis económica. Una oposición que, desgraciadamente, de nada ha servido. Como el Ayuntamiento de Fuente Obejuna se ha negado sistemáticamente a aceptar la invitación del Catastro a solicitar la regulación en el municipio, el Estado nos ha dejado para el final. Así, la Dirección General del Catastro mediante resolución 20/12/2016 (BOE núm. 315 de 30/12/2016), dispuso, de manera unilateral y sin consentimiento del Ayuntamiento de Fuente Obejuna, su aplicación en nuestro término municipal.
La empresa encargada de realizar el trabajo de campo al Catastro ha comenzado su labor el lunes 28/08/2016, y el procedimiento deberá estar terminado antes del día 28/08/2018. Ya nada podemos hacer para evitar esta nueva tropelía del Partido Popular para con nuestro municipio.
La regulación catastral se llevará a cabo en Fuente Obejuna porque así lo ha querido el Gobierno Central, en contra de la voluntad de este Ayuntamiento. Legalmente lo pueden hacer, y lo han hecho. Pero que sea legal no quiere decir que sea justo. Porque injusto es que los desmanes banqueros, empresarios y políticos corruptos los paguen siempre los mismos. En este caso a través de regularizaciones tributarias en un impuesto complejo, de gestión compartida, donde es sencillo y barato aflorar nuevo hechos imponibles o actualizar los existentes. Más complicado es, seguro, conseguir que los bancos devuelvan el rescate financiado por todos los españoles con sus impuestos.
Cierto es que lo recaudado será para el Ayuntamiento, y que una vez se conozca la repercusión de la regularización sobre el padrón cobratorio se tomarán medidas municipales necesarias para rebajar la presión fiscal sobre los contribuyentes del IBI. Pero este Ayuntamiento hubiera preferido recaudar menos y recibir, a cambio, las importantes transferencias que el Estado nos ha hurtado de los Fondos Miner. Bonita forma de consolidar las finanzas públicas e impulsar la actividad económica de este País.
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