Está acusado de prevaricación, malversación, falsedad y fraude. Comparecieron los incluidos en el ERE del matadero de Fuente Obejuna
El exgerente de Faecta en Córdoba, Francisco Moyano, y Santiago Romero e Inocencio Estévez, que fueron incluidos en el ERE de Matadero de Fuente Obejuna años después de haber extinguido su relación laboral con la empresa, comparecieron ayer ante la jueza Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE. Los tres se negaron a declarar. En el caso del exgerente de Faecta, la juez le ha imputado delitos de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial y fraude de subvenciones.
Alaya considera que, en virtud de un convenio firmado en 2001 por el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, Faecta «recibiría una subvención de 20 millones de pesetas para la puesta en marcha de un plan de viabilidad que posibilitara la reinserción de 39 extrabajadores de la extinta empresa» Azahara Textil de Córdoba al sector de la automoción. «A pesar de que Faecta fue la beneficiaria última de la subvención concedida», la jueza considera que la federación no realizó el plan de viabilidad y considera, entre otras cosas, que Faecta justificó como gastos 348.000 pesetas por el alquiler de un local para impartir los cursos, cuando en realidad se realizaron en dependencias cedidas gratuitamente por el Ayuntamiento de Córdoba. La Fiscalía no ha pedido medidas cautelares, ya que «son necesarias la práctica de nuevas diligencias de prueba» del encausado, aunque sí ha solicitado dar traslado en concepto de tercero civil responsable a Faecta en cuantía de 42.376 euros, mientras que la acusación que ejerce la Junta ha pedido una fianza civil de 120.000 euros, cantidad que se corresponde con la ayuda directamente percibida.
También comparecieron ayer Santiago Romero e Inocencio Estévez, que fueron incluidos en la póliza «derivada de la que inicialmente estaba encaminada para cubrir las rentas del colectivo de trabajadores prejubilables del matadero de Fuente Obejuna», y todo ello a pesar de que en 2003 se le habría reconocido una incapacidad y asignado una pensión no contributiva. En virtud de dicha póliza, los imputados «tendrían garantizadas unas rentas temporales desde 2007 hasta los 75 años con cargo a los fondos públicos andaluces» , ascendiendo finalmente la primas abonada por la Junta a 20.413,23 euros, en el caso de Santiago, y de 52.484,54 euros, en el caso de Inocencio.
EFE.