El Gobierno andaluz remitió ayer al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla los resultados de la segunda fase de su investigación interna que ha elevado a 73, según la documentación oficial, el número de irregularidades en Expedientes de Regulación de Empleo sufragados con fondos públicos. Hay localizados 70 intrusos de 1.569 trabajadores prejubilados en el periodo 2001-2009, aunque la Junta espera más casos. Entre los nuevos ERE irregulares se halla el del Matadero de Fuente Obejuna, con un total de cuatro casos. Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, entre las 19 empresas en las que Empleo ha detectado anomalías figuran al menos ocho con sede social en la provincia de Sevilla, que se ha convertido en el epicentro de la presunta trama fraudulenta. Hay ocho nuevas empresas donde se han detectado irregularidades y tres que ya aparecieron en el primer listado. Las nuevas empresas con nombres en sus pólizas que no coinciden con el listado oficial de trabajadores son: Primayor (Jaén), Matadero Fuente Obejuna (Córdoba), Nexprom y Hotel Roc Flamingo (Torremolinos), Acyco, Intesur y Manufactura Española del Corcho (Sevilla). La primera de las empresas sevillanas, de Dos Hermanas, está dedicada a la aceituna. La segunda es una firma textil y en su ERE se han detectado intrusos socialistas –ya expulsados del partido– de la agrupación de Camas. La tercera vuelve a ser del ámbito de la Sierra Norte de Sevilla (el exdirector general Javier Guerrero, vinculado a esta comarca).
En la segunda parte de la inves-tigación oficial vuelven además a aparecer tres empresas sevillanas con las que ya habían salta-do las alarmas: Mercasevilla, Río Grande y Cydeplast. En el caso del Merca, que originó la investigación, la Junta sitúa hasta cuatro nuevas irregularidades, además de las dos detectadas en su día, que podrían corresponderse con los trabajadores de la Fundación Socioasistencial de la central de abastos. En el restaurante Río Grande había ya detectado un intruso y se ha encontrado otro. Además en el listado remitido a la jueza figura, con una anomalía detectada, el ERE de la empresa pública Egmasa. La empresa cárnica jiennense Primayor, aparece con dos presuntas irregularidades. La firma cordobesa tiene cuatro casos. El PSOE no quiso ayer confirmar cuántos cargos socialistas hay entre los irregulares, alegando que sigue depurando su censo de militantes.
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aseguró ayer que la Fiscalía está analizando «exhaustivamente» la documentación del presunto fraude de ERE y «está cumpliendo con rigor su obligación de apoyar, facilitar e impulsar la instrucción judicial». Su reflexión responde a las críticas del PP, que le acusan de no investigar este caso y sí la trama Gürtel. «Tenemos una doble vara de medir, una para los delincuentes y otra para los inocentes, y ahí se acaba todo», dijo. I.M./SEVILLA.
