Mineros protagonistas de la histórica ‘marcha negra’ en febrero del 99 que viajó a Madrid para exigir ayudas. – CÓRDOBA
Dos décadas de Miner han servido a la Comarca del Guadiato para poner en marcha proyectos y dotarse de infraestructuras, si bien no lograron la reconversión industrial que perseguían, ni la generación de empleo que frenaría el éxodo poblacional
Se calcula que los Fondos Miner han dejado en Córdoba en torno a 40 millones de euros desde que empezaron a concederse en los años 90 y hasta 2012. Un montante que ha tenido traducción desigual en las localidades del Guadiato y que, aunque con excepciones, no ha logrado una traslación directa en la creación de empleo en la antigua comarca minera, donde hay una tasa de paro registrado del 23%. Se estima que en estos años se han perdido 1.300 empleos directos del sector minero en Córdoba. Una cifra que alcanzaría los 5.000 si se contabilizaran los empleos indirectos. Tampoco han servido de torniquete para frenar la diáspora poblacional. A pesar de todo, no hay nadie en el Guadiato que no desee que Bruselas volviera a conceder los fondos.
«La reconversión industrial sigue siendo la asignatura pendiente de la comarca», sostiene Carlos Núñez, responsable de la Minería en CCOO. «En mi opinión no hemos sabido gestionar los fondos. No le hemos sabido sacar todo el jugo. Quizá se tendría que haber optado por un perfil más técnico y menos político para desarrollar los proyectos», opina el sindicalista que peleó duro para que no se sacara a la comarca de las ayudas en 2011. «Si la administración quiere, esta comarca resucita, pero, aunque somos muy guerrilleros, damos poco ruido», lamenta. Atrás quedó la movilización histórica que logró que Europa mirara a Peñarroya a través de los ojos de los 75 mineros que marcharon a Madrid a exigir ayudas, liderados por Nicasio Molina, presidente del comité de empresa de Encasur, y el entonces alcalde de IU, Rafael Muñoz.
«La pérdida de empleos, sobre todo indirectos, estaba generando un problema socio-laboral y económico en la comarca muy importante», recuerda el que es alcalde de Espiel desde hace dos décadas, José Antonio Fernández (PP). Los Miner han sido, en su opinón, «una botella de oxígeno para quien se estaba asfixiando» y «una herramienta eficaz para tratar de cambiar el estilo de vida de unos pueblos dedicados hasta entonces al monocultivo del carbón». Una herramienta, eso sí, más o menos eficiente, según los casos. «La clave era crear suelo industrial, invertir los fondos en polígonos para estar preparados cuando éstos dejaran de llegar a nuestros pueblos», afirma Isabel Cabezas, exalcaldesa de Fuente Obejuna y diputada popular por Córdoba, que coincide en esta afirmación con su compañero de filas.
En el camino han quedado pendientes varios proyectos suscritos al Miner, la mayoría de ellos porque siguen a la espera del dinero prometido, como la residencia para personas con discapacidad de Peñarroya. Otros muchos han tenido que ser peleados en la calle –histórica fue la acampada de 80 días encabezada por la exalcaldesa de Belmez, Aurora Rubio (IU)– y, sobre todo, en los juzgados, donde, por ejemplo, Fuente Obejuna espera recuperar 3 millones de euros que invirtieron para frenar la brecha digital en sus aldeas. También ha habido ejemplos del empleo supuestamente fraudulento de los Miner, como el caso Rocket, en el que resultó imputada María Luisa Ruiz, exalcaldesa socialista de la localidad peñarriblense, y una veintena de personas más.
«Es curioso cómo en los Miner, algunas administraciones en lugar de volcarse con los municipios para sacarlos adelante, retrasan y bloquean la salida», critica Aurora Rubio, exalcaldesa de IU de Belmez. Se refiere al polígono tecnológico lechero de su pueblo, que costó 3,9 millones de euros a las arcas municipales, pero que está parado desde 2011 porque la Junta de Andalucía no ha concluido aún la obra. No es lo único que ha tenido que defender esta localidad del Guadiato. 600.000 euros para otro polígono les costaron 80 días de acampada a las puertas de la Subdelegación del Gobierno y un proceso judicial, que fue el que terminó dándoles la razón en la Audiencia Nacional. «Para la historia queda la marcha por Córdoba de más de mil personas de un pueblo de 3.000 habitantes», recuerda Aurora Rubio, consciente de que «la movilización social es la única que hace visible los problemas y obliga a las administraciones a tomar conciencia de ellos».
Irina Marzo.
