Mientras el Gobierno de la Nación apuraba ayer las horas para intentar llegar a un acuerdo sobre el decreto ley que regula la cesión de los remanentes municipales de tesorería al Estado, una medida de carácter voluntario pero que permitiría a los ayuntamientos recibir en torno a un 35% de lo que cedan para dedicarlo a inversiones finalistas, los alcaldes de la provincia se mantienen a la expectativa de lo que hoy pase en el Congreso de los Diputados, donde se votará y si el decreto sigue adelante o se deroga.
CÓRDOBA
El Ayuntamiento de Córdoba ya ha anunciado que si se aprueba el decreto no se adherirá al acuerdo de la FEMP al considerar que se trata de «un chantaje» del Gobierno central a las administraciones locales. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, no solo ha expresado su rechazo al acuerdo a nivel local, si no que ha formado parte de los 31 alcaldes de otras tantas ciudades españolas y diferente signo político (incluida Barcelona, Cádiz o Málaga) que suscribieron un manifiesto en contra de la propuesta. Además, la pasada semana el Pleno de Córdoba, en sesión extraordinaria, debatió y rechazó el acuerdo. PP y Cs, con la ayuda de Vox, sacaron adelante una proposición en la que se exige al Ejecutivo central «no apropiarse» de los remanentes municipales, mientras que PSOE e IU votaron en contra y Podemos se abstuvo. La portavoz del PSOE, Isabel Ambrosio, ha defendido este tiempo la idoneidad de que Córdoba cediera sus remanentes (unos 23 millones de euros) a cambio de recibir 7 millones de euros a fondo perdido de manera inmediata y 4 más del fondo de compensación de las empresas públicas de transporte urbano.
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LUCENA
El Ayuntamiento de Lucena no ha decidido aún el destino de los remanentes del superávit municipal. Una cuestión importante para el alcalde, Juan Pérez (PSOE), sobre la que avanza que «estamos pendientes de un informe de la intervención municipal para ver si se pueden gastar estos dineros de remanentes en obras e inversiones financieramente sostenibles, porque si esto es posible, esta es nuestra prioridad, y en segundo lugar, si es posible destinar este superávit a reducción deuda, así como a la adquisición de un vehículo eléctrico». Juan Pérez destaca que la cantidad es de unos 570.000 euros y que «su destino será para lo que sea mejor para nuestra ciudad».
PRIEGO
Desde Priego la alcaldesa, María Luisa Ceballos (PP), se muestra «completamente en contra de entregar los remanentes de los ayuntamientos, el RDL se debe retirar y modificar, mantener la posibilidad de utilizar el superávit del año 2019 y flexibilizar la regla del gasto y modificar todo lo relativo a préstamo al Estado de los remanentes de los ayuntamientos y condiciones para acceder a financiación por la crisis que padecemos». Los populares lo consideran «un ataque al municipalismo sin precedentes», justamente con la administración «más infrafinanciada y nos convertimos en aval del Estado realizando un préstamo a 17 años, utilizando el chantaje de que, si no se presta, no se permitirá utilizar una mínima parte de los recursos, ni acceder a fondos europeos o ayuda alguna». Priego no tiene remanentes acumulados debido al grave problema económico que se arrastró durante décadas, aunque hoy cuenta con un superávit anual de un millón y medio de euros «que nos permite utilizar para proyectos sobre todo de infraestructuras hidráulicas y amortización de deuda», indica la alcaldesa Prieguense.
MONTILLA
El Grupo Municipal del Partido Popular trasladó en el último Pleno una moción para evitar que Ayuntamiento realice un «préstamo» a cambio de un ingreso no financiero para mejorar la atención a personas mayores o dependientes, incrementar la oferta de vivienda asequible en alquiler o construir escuelas infantiles, a la que se opusieron PSOE e IU. La propuesta tan solo obtuvo el apoyo de Ciudadanos al entender que «no es comprensible que las entidades municipales sean prestamistas del Estado». Sin embargo, desde IU consideraron que esta moción «no se preocupa por la economía local, el municipalismo o la situación de la ciudadanía, sino de seguir en la senda de la crispación contra el Gobierno». «Si el objetivo es defender el municipalismo, entonces se debe hablar del incumplimiento de la Junta en la transferencia de la Patrica, que supone 2,3 millones de euros para Montilla», recordó el portavoz de Izquierda Unida, Francisco Lucena. Por su parte, el portavoz socialista, Manuel Carmona, aseguró que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y la FEMP para paliar las consecuencias de la pandemia del covid-19, que recoge dicho préstamo, «busca la solidaridad de todos para poner unas medidas que están recogidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible». «La otra alternativa es dar esos remanentes a los bancos para pagar deuda, no poder usarlos para dijo.
CABRA
El alcalde egabrense, Fernando Priego (PP), considera que «no se puede negociar en los despachos en contra del acuerdo unánime de la FEMP del pasado 22 de mayo tal y como han hecho el señor Caballero y la ministra de Hacienda poniendo a la FEMP al servicio del Gobierno del PSOE en lugar de defender la voluntad clara y manifiesta del municipalismo español». Priego aboga por «una salida negociada y estamos a tiempo de hacerlo». «Hay cosas positivas en el RD, pero la entrega de los remanentes y superávit y la coacción de condicionar el reparto de los fondos se recuperación económica a esa entrada es inaceptable», señala, añadiendo que «no vamos a permitir más chantajes ni ataques a la autonomía municipal. Vamos a trabajar por esa salida negociada proponiendo alternativas, aunque tengan que pasar por cambios legales». El alcalde insiste en que «desde Cabra siempre defenderemos los recursos de nuestros vecinos y adoptaremos la decisión más favorable para la ciudad, pero ahora estamos en otro escenario, en el debate parlamentario para conseguir que el Gobierno abandone la imposición y la prepotencia y busque una salida negociada.
PALMA DEL RÍO
El Ayuntamiento de Palma del Río (PSOE) carece de remanente de tesorería. Explican desde la Alcaldía que en la sesión plenaria del pasado 30 de julio se acordó, con el voto a favor del PSOE, PP, IU y Cs, y la abstención de Cambiemos Palma, el destino del superávit y del remanente del Ayuntamiento y sus organismos autónomos según la ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El acuerdo remite estos fondos a eliminar deuda y a la compra de dos vehículos eléctricos para la Policía Local, recuerda la alcaldesa, Esperanza Caro de la Barrera.
BAENA
Cristina Piernagorda, alcaldesa de Baena, a mediados de agosto, junto con los alcaldes del PP de Cañete de las Torres, Bujalance y Valenzuela se declararon «insumisos» ante las propuestas del Gobierno sobre el uso del dinero del superávit de los ayuntamientos. Califica la medida como «un ataque injusto» a la economía de los ayuntamientos, que son las administraciones que más cerca están de los ciudadanos y las que más se han visto afectadas debido a la pandemia. Además, Piernagorda añade que en esta crisis sanitaria el Gobierno de España «no ha tenido un solo gesto» con los ayuntamientos. Por lo que plantea que los ahorros del Ayuntamiento, que superan los 3 millones de euros, se destinen a atender las necesidades del pueblo.
POZOBLANCO
El Ayuntamiento de Pozoblanco, gobernado en mayoría absoluta por el PP, no cederá al Estado parte de sus remanentes, que asciende a ocho millones de euros. El alcalde, Santiago Cabello, ha mostrado en numerosas ocasiones en las últimas semanas su desacuerdo con lo que considera «la ofensiva lanzada por el Gobierno central y el Ministerio de Hacienda para quedarse con el ahorro de los ayuntamientos españoles en medio de una crisis como la actual». Para Cabello, es ahora, «cuando los consistorios lo que demandamos y necesitamos es libertad para poder disponer de nuestros recursos con el fin de asistir a los ciudadanos e invertir en proyectos tan importantes en nuestro caso como la residencia de mayores, la ampliación de suelo industrial o la remodelación del Mercado de Abastos, que se ponen en serio peligro con esta decisión del Gobierno».
PUENTE GENIL
El Ayuntamiento de Puente Genil, gobernado por el socialista Esteban Morales, sí está dispuesto a poner a disposición del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el remanente, para poder hacer uso de él, y no solo dedicarlo a los bancos. Este asciende a 300.000 euros, y se percibirían unos 140.000 euros, aproximadamente, para dedicar a ayuda domicilio y dependencia, además de la devolución íntegra del remanente en 10 años, más su interés.
RUTE
Antonio Ruiz, presidente de Diputación y alcalde de Rute (PSOE) ve «un paso adelante» la propuesta de Hacienda y el acuerdo alcanzado con la FEMP, para que así «los ayuntamientos y diputaciones puedan emplear su superávit en proyectos de desarrollo». Según Ruiz, Hacienda podrá utilizar estos remanentes de tesorería a cambio de devolver a los entes locales y provinciales el 35 por ciento durante 2020-2021. Ante el rechazo del Partido Popular, Antonio Ruiz ha recordado que «desde el año 2012 estos remanentes estaban en los bancos y no se podían tocar por culpa de la Ley Montoro». Ruiz apunta además que se trata de una propuesta voluntaria y aquellas corporaciones que no quieran acogerse lo pueden hacer. En el caso de Diputación el superávit es de 8,6 millones de euros, por lo que podrá destinar «en estos dos años 3 millones de euros a proyectos con carácter finalista en áreas como agenda sostenible y movilidad, cultura y deportes», ha explicado el presidente de la institución provincial. En el caso de Rute, el remanente asciende a 96.000 euros, con lo que podrá contar con un 35 por ciento, unos 34.000 euros para el mismo tipo de proyectos.
IZNÁJAR
El alcalde de Iznájar, Lope Ruiz, calificó ayer de «bueno» el acuerdo propuesto por la FEMP para los remanentes y avanzó que la localidad que preside se acogerá a él. «Es un acuerdo mejor que lo que teníamos: tener el dinero en los bancos», comentó, para añadir que es el mejor acuerdo que se ha podido negociar. En el caso del Ayuntamiento de Iznájar se dispone de algo más de 3 millones de euros de remanentes, por lo que adscribirse al acuerdo le permitirá, dice su alcalde, recibir 1,7 millones a fondo perdido durante los próximos dos años. «Desde mi punto de vista es un buen acuerdo», concluyó.
OTROS MUNICIPIOS
Los alcaldes de numerosos municipios se mantienen a la espera del debate que se inicia hoy en el Congreso de los Diputados y de la votación final antes de proponer en sus pueblos una decisión al respecto. Es el caso, entre otros, de Fuente Palmera, Doña Mencía y Pedro Abad, estos tres gobernados por Izquierda Unida. Pero también ocurre en otros pueblos como Fuente Obejuna, Posadas o Peñarroya-Pueblonuevo, al frente de cuyos gobiernos está en PSOE, cuyos alcaldes han informado de que todavía no se ha tomado una decisión al respecto en sus municipios y prefieren ser prudentes mientras aguardan la decisión de los diputados nacionales.
