Archivo de julio de 2018

Algunas de las ocas muertas, junto a un contenedor. – CÓRDOBA

La Guardia Civil ha investigado en Fuente Obejuna al propietario de una explotación ganadera, como supuesto autor de un delito contra la flora, fauna y animales domésticos, por la muerte de 140 ocas supuestamente por falta de alimento.

La Guardia Civil tuvo conocimiento el pasado día 21 de junio, gracias a la colaboración ciudadana, que en una explotación ganadera ubicada en el término municipal de Fuente Obejuna los animales estaban falleciendo al parecer por falta de alimentación.

Inmediatamente, la patrulla del Seprona de Peñarroya-Pueblonuevo se trasladó al lugar indicado, donde tras localizar e inspeccionar la finca, pudo comprobar que se trataba de una explotación ganadera ecológica dedicada al cebado en extensivo de ocas para la producción de paté, carne y plumas.

En la inspección practicada en la explotación, realizada en presencia de un empleado, la patrulla del Seprona observó que en el interior de la finca se encontraban más de 140 animales muertos y otros 200 aproximadamente presentaban evidentes síntomas de desnutrición. Asimismo, pudieron observar que las aves carecían de otro aporte alimenticio que no fuese el de la vegetación del terreno y eventualmente recibían un aporte de maíz, sin agua potable, bebiendo las aves de una pequeña charca de aguas pluviales apantanadas que no reúne las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas.

Ante ello, los guardias civiles del Seprona, tras identificar la propiedad de las aves y verificar que el propietario de las mismas tenía conocimiento de la situación crítica en la que se encontraban, informaron a los servicios veterinarios de la Oficina Comarcal Agraria e instruyeron las pertinentes diligencias de investigación a la persona propietaria de los animales, como supuesto autor de un delito relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos.

Redacción.

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Los Presupuestos del Estado prevén poco más de un millón para este año. En los últimos dos años y medio ha habido 332 accidentes con 160 víctimas.

La carretera N-432 ha registrado en los últimos dos años y medio 332 accidentes y 160 víctimas, y solo en lo que va de 2018 ha habido que lamentar tres fallecidos, los mismos que en todo el 2017. Estos datos convierten a esta vía convencional en la que más siniestralidad presenta de la provincia, solo superada por la A-4, según los datos de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Su conversión en autovía -la A-81 se ha denominado- es ya una reivindicación histórica que afecta a la capital y a las comarcas del Guadiato y el Guadajoz y que estuvo a punto de despegar en los años de bonanza económica, con la demanda de la autovía a Málaga ya resuelta, pero que la crisis truncó. Tanto es así que llegaron a prescribir los estudios informativos que se habían hecho del proyecto inicial, que luego ha habido que reformular. No en vano, su elevado coste -más de 2.000 millones de euros para unos 400 kilómetros- hacía de esta autovía una empresa difícil en una época incierta.

Durante los años más duros de la recesión, el proyecto para convertir en autovía la Nacional 432 solo ha visto reflejadas en los Presupuestos del Estado cantidades testimoniales, que van desde los 100.000 a los 300.000 euros. Y este año, el Gobierno del PP anunció partidas de hasta tres millones de euros, una cantidad que ayer, durante la protesta en Fuente Obejuna, se encargó de repetir la diputada nacional Isabel Cabezas, pero que, analizando las cuentas estatales, cuesta trabajo discernir. A lo más que se llega es a una cifra de unos dos millones de euros para un tramo en la provincia de Granada, mientras que para la de Córdoba se reflejan en torno a 1,2 millones.

Así las cosas, cada vez que se produce un nuevo accidente en esta carretera surgen voces que claman por su conversión en autovía, y eso ha dado lugar a varias plataformas y grupos que trabajan para hacer presión y luchan por acelerar los plazos. De hecho, en el Guadajoz hay dos, que retomaron las protestas a raíz de la muerte de dos jóvenes en una colisión en Castro del Río, en el mes de marzo pasado.

A principios del 2017 los presidentes de las diputaciones de Córdoba, Jaén, Granada y Badajoz constituyeron una mesa de trabajo para reivindicar la A-81, y el manifiesto lo suscribieron 31 municipios, además de los sindicatos UGT y CCOO y la organización empresarial CECO. En el mes de abril pasado el Pleno de la Diputación solicitó al presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, que se reuniera la mesa de trabajo de forma urgente, pero esa reunión aún no se ha producido.

Emilia Lora.

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La oficina de la memoria democrática de la Junta de Andalucía ha recibido hasta la fecha un total de 94 solicitudes de familiares para que la Administración andaluza inicie la búsqueda de restos de víctimas del franquismo en el municipio de Córdoba. En la actualidad, se está a la espera de que el equipo científico encargado del trabajo preliminar para la exhumación en los dos cementerios cordobeses culmine sus pesquisas. Hace unos días, con motivo de la celebración de las jornadas La causa de los 4.000 de Córdoba, organizadas por Dejadnos llorar, el director del proyecto, Juan Manuel Guijo, afirmó que hay motivos para la esperanza y signos «que permitirán localizar a personas concretas, incluso en nichos y sepulturas». El responsable de la oficina de la memoria democrática en Córdoba, Manuel Aguilar, espera que una vez que se inicien los trabajos sean más familiares los que se animen a tratar de buscar los restos de sus seres queridos.

La Junta abrió el pasado 28 de marzo este mismo proceso para las actuaciones de indagación-localización, delimitación, exhumación, estudio antropológico e identificación de víctimas en fosas del franquismo de las localidades de Baena, Cabra, Fuente Obejuna, Espejo-Montoro, Hinojosa del Duque, Montilla, Posadas, Puente Genil y Villafranca de Córdoba. De momento, solo 35 familias han echado la correspondiente solicitud. A estas habría que sumarles 6 solicitudes más que corresponden a los municipios de Pozoblanco, Villanueva de Córdoba, Rute y Carcabuey.

Según datos facilitados por la Delegación del Gobierno andaluz en Córdoba, en la oficina se han atendido, de manera presencial y telefónica (se puso a disposición de la ciudadanía el teléfono 600 163 510), a unos 175 familiares. Además, se han mantenido diversos encuentros y contactos con ayuntamientos de la provincia, así como con numerosas asociaciones memorialistas, como la Asociación Memoria Histórica Maestros de Andalucía, el Foro por la Memoria Histórica, el Foro Ciudadano para la recuperación de la memoria histórica en Andalucía, la asociación Dejadnos Llorar, la Plataforma por la comisión de la verdad, entre otros.

Los interesados en recuperar los restos de algún familiar represaliado deben cumplimentar una solicitud y aportar una prueba de ADN. El servicio es totalmente gratuito, igual que lo será el proceso de exhumación en sí mismo, cuyos gastos correrán a cuenta de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento de Córdoba, por su parte, anunció que a estos familiares tampoco les costaría nada inhumar los restos en los lugares que se fijen para ello en los cementerios de la capital.

Irina Marzo.

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